A la comunidad universitaria

Dada la decisión de la Asociación del Personal Universitario (APU), de nuevamente concretar una medida de fuerza de paro de actividades los próximos 15 y 16 de noviembre, reiteramos nuestra preocupación sobre el tenor del conflicto y nos vemos en la necesidad de informar y convocar a la reflexión a la Comunidad Universitaria en general y al sector Nodocente en particular.

Nos denuncian por el crecimiento de espacios físicos pero no reconocen los metros cuadrados destinados a mejorar las condiciones laborales del personal, como son las instalaciones de descanso en el complejo universitario, oficinas del primer piso y subsuelo del rectorado, así como la tan esperada mudanza del Servicio Social Universitario. Es menester destacar que la Universidad Nacional de Mar del Plata destina mes a mes al sector Nodocente, fondos que superan ampliamente los recibidos por el Ministerio de Educación para dicho sector. Sólo en el mes de octubre de este año se abonó el doble que lo abonado en el mismo período del año pasado. Entre las razones de este incremento, podemos mencionar que:

Por cada persona jubilada en el periodo oct22/oct21, no solo se cubrió su vacante sino que ingresaron 2,4 personas adicionales, totalizando 51 ingresos respecto de las 15 jubilaciones del periodo.

La decisión de reducir el tiempo de permanencia necesario para promocionar de la categoría 7 a la 6 en ocho años, representa para la universidad un esfuerzo que impacta sobre 46 personas que acceden a este beneficio a partir de este año.

Se realiza una erogación anual equivalente a más de treinta y un mil quinientas horas extras para afrontar las tareas adicionales realizadas por el personal, principalmente en los agrupamientos donde no se cuenta con listados para cubrir las vacantes.

A esto se suma, un paso histórico en la definición de la estructura orgánico-funcional en la que se trabajó durante este año, que posibilita la jerarquización de 48 personas en la primera etapa y adicionalmente el reconocimiento de misiones y funciones de 39 agentes. Este proceso, representa una inversión adicional de $3.305.204,44 (solo en este mes) que se sostienen con presupuesto propio.

En este contexto de medida de fuerza, se están realizando concursos de técnicos informáticos que permitirán atender muchas de las vacantes. Sin embargo, para llegar a esta instancia, fue preciso transitar casi 12 meses para su realización. En ese sentido, si bien la universidad sostiene procesos transparentes y abiertos para el ingreso de su personal, debemos guardar un sano equilibrio con la eficiencia organizacional, para que lo que se privilegie sea la construcción de valor público. A partir de ello, propusimos a la paritaria local la posibilidad de diseñar un mecanismo más ágil para la realización de los concursos de ingreso, entendiendo que en muchos casos las personas postulantes ya cuentan con título habilitante para la función. Mientras tanto, las tareas no pueden esperar y es por ello que se utilizan contrataciones. En aquellos casos donde las tareas resultan permanentes para la institución, propusimos a APU que las personas de mayor antigüedad en esta situación, puedan acceder a un concurso cerrado para estabilizar su relación laboral con la universidad y dar cobertura definitiva a esas vacantes.

La universidad ha crecido, sí. Hemos ampliado la oferta académica, incrementado la superficie que habitamos como comunidad, las personas que investigan, que transfieren conocimiento, que realizan extensión universitaria. Sin embargo el presupuesto universitario no crece siempre en la misma medida ni con la misma velocidad que procuramos atender las demandas comunitarias. Hacemos mucho como comunidad para garantizar el incremento de personal nodocente que da sostén a estas acciones. Por eso propusimos en la instancia paritaria el ingreso de 20 personas a marzo de 2023 y otras 20 para el ciclo 2024, que siguen siendo un esfuerzo sostenido con presupuesto propio resignando la posibilidad de destinar presupuesto en salarios docentes y/u otros gastos. La respuesta gremial fue renovar una medida de fuerza que es desmedida, sin fundamentos y no propicia la resolución de las problemáticas.

Como se ha demostrado en los párrafos previos, cuando se trabaja en paritarias con vocación de consenso, se encuentran las soluciones y las cosas suceden. La Universidad es una institución pública, social, comprometida con las necesidades de su tiempo, y ello nos exige el desafío -mejor dicho la obligación- de coordinar los esfuerzos de todas las partes. Convocamos a la comunidad universitaria a dar este debate.