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Institucional

Alerta de violencia institucional. Prácticas agravadas en contexto de pandemia.

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La Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social convoca a reflexionar manifestando su repudio y preocupación ante los hechos de violencia institucional ejercidos en distintos puntos del país desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio con motivo del COVID 19.

Desde el inicio de la cuarentena en diversas provincias y en nuestra localidad sucedieron graves hechos de violencia policial en manos de fuerzas de seguridad provinciales y federales. La mayoría de los casos se iniciaron ante acusaciones de incumplimiento del ASPO derivando en situaciones de violencia y abuso de autoridad. Estas prácticas sistemáticas de violencia institucional responden a problemas estructurales y anteceden al contexto actual de pandemia ya que funcionan bajo una lógica de modus operandi de las fuerzas de seguridad de larga data y han sido denunciadas en detalle desde diversos organismos de promoción de derechos humanos.

Las diversas formas de violencia de estos meses van desde hechos muy graves como gatillo fácil (asesinatos), desapariciones forzadas, graves golpizas, simulacros de fusilamiento, despliegue desproporcionado de fuerzas policiales, hostigamiento a referentes barriales que trabajan en comedores y merenderos, vejaciones y abusos sexuales. Ante esta situación manifestamos la preocupación ante el policiamiento en los barrios populares cuyo blanco de poder son los jóvenes -varones principalmente- cuya criminalización y hostigamiento continuo trascienden la pandemia pero que en este contexto quedan más expuestos y vulnerados tal como son los casos de público conocimiento de estos últimos días con los asesinatos de Brandon Romero y Lucas Verón y la desaparición de Facundo Astudillo Castro.

La violencia institucional presenta grandes dificultades a la hora de impulsar un relevamiento debido a que muchas veces no se denuncia por miedo a represalias, por descreimiento hacia el sistema judicial, por naturalización de las prácticas de las policías en los territorios o por desconocimiento de cómo y dónde realizar las denuncias. Por lo tanto, este obstáculo de diagnóstico lleva a una "cifra negra" en los informes que se presentan a la hora de denunciar y solicitar diseño de políticas públicas.

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