Un informe federal presentado en el Senado de la Nación advierte que las consultas ambulatorias crecieron un 23% durante el último año y que las internaciones aumentaron un 42% desde 2023. El relevamiento señala una creciente presión sobre los sistemas públicos de salud mental.

Autoridades provinciales de salud mental presentaron en el Senado de la Nación un informe federal que advierte sobre el crecimiento sostenido de la demanda de atención y las dificultades que atraviesan los sistemas públicos para dar respuesta a esta situación.

La presentación se realizó en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.

El relevamiento, coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, reúne información aportada por las máximas autoridades de salud mental de 14 jurisdicciones que, en conjunto, representan al 70,85% de la población argentina.

Uno de los principales resultados es el fuerte incremento de la demanda de atención. Durante el último año, las consultas ambulatorias por salud mental crecieron un 23%. En tanto, entre 2023 y 2026 las internaciones aumentaron un 42%, con una suba del 12% solamente durante el último año.

El informe también registra un incremento de la demanda de atención de niñas, niños y adolescentes, así como de personas que perdieron la cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga y comenzaron a requerir atención en el sistema público.

Las autoridades provinciales señalan que este crecimiento se produce en un escenario atravesado por el deterioro de las condiciones sociales y económicas, la pérdida de empleo y el debilitamiento de las redes de apoyo, factores que generan una presión cada vez mayor sobre los sistemas públicos de salud.

Fortalecimiento de los sistemas públicos

Frente a este escenario, las provincias vienen ampliando sus capacidades de atención. Las 14 jurisdicciones relevadas cuentan con dispositivos de salud mental en el primer nivel de atención y realizan internaciones en hospitales generales.

Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas específicas de salud mental en hospitales generales. Además, 13 de las 14 provincias informaron ampliaciones en sus capacidades de internación y en sus redes comunitarias, con equipos territoriales, centros de día, viviendas asistidas y dispositivos para el abordaje de los consumos problemáticos.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que estas capacidades se encuentran sobreexigidas frente a un incremento sostenido de los padecimientos.

El informe también identifica dificultades para completar equipos con algunas disciplinas consideradas críticas y señala que las provincias debieron asumir con recursos propios responsabilidades que anteriormente contaban con apoyo del Estado nacional.

Entre las principales necesidades para mejorar la atención, las autoridades provinciales plantearon la importancia de aumentar la inversión, ampliar la infraestructura y los recursos humanos, fortalecer la red pública, garantizar el acceso a medicamentos y producir información epidemiológica nacional de calidad.

Asimismo, señalaron la necesidad de recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios que permita abordar de manera permanente y actualizada una problemática de creciente prevalencia epidemiológica.

Preocupación por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental

La presentación del informe tuvo lugar mientras el Congreso debate modificaciones a la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.

Las autoridades provinciales expresaron su preocupación al considerar que las reformas propuestas no ofrecen respuestas a los principales problemas que actualmente atraviesan los sistemas de salud mental y podrían introducir nuevas barreras de acceso a la atención.

También señalaron que las modificaciones eliminan marcos y garantías sobre los que se sustenta la actual política de salud mental sin incorporar, al mismo tiempo, el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos.

En este sentido, sostuvieron que el escenario actual requiere fortalecer las políticas públicas existentes, incrementar los recursos destinados a salud mental y recuperar una estrategia federal que permita responder de manera coordinada al crecimiento de la demanda.

Las jurisdicciones que aportaron información al relevamiento fueron Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Además, participaron del encuentro representantes de Entre Ríos y Río Negro.