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En el marco de la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se desarrolla en Mar del Plata, autoridades de universidades nacionales reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtieron sobre el impacto de la pérdida del poder adquisitivo en el funcionamiento del sistema universitario público.
La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone, y el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, brindaron una conferencia de prensa en la que abordaron la situación presupuestaria de las casas de estudio, la recomposición salarial y la necesidad de garantizar los recursos necesarios para sostener las funciones de enseñanza, investigación, extensión y bienestar universitario.
El encuentro de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN reúne en la UNMDP a responsables de las áreas de administración económica y financiera de universidades públicas de todo el país, con el objetivo de establecer los parámetros para la elaboración del presupuesto 2027 del sistema universitario nacional. La propuesta será presentada en el próximo encuentro del CIN, previsto para los días 3 y 4 de septiembre en Bariloche, y posteriormente elevada al Poder Ejecutivo Nacional.
“Cuando hablamos de presupuesto no hablamos solo de un importe, de un número. El presupuesto son salarios, son personas”, sostuvo Biasone, quien destacó que la discusión presupuestaria expresa también una definición sobre el presente y el futuro del sistema educativo.
La rectora señaló además que aproximadamente el 92% del presupuesto universitario corresponde a salarios, mientras que el porcentaje restante debe cubrir gastos de funcionamiento, mantenimiento e infraestructura, además de políticas de bienestar estudiantil, becas y comedores universitarios. En ese sentido, remarcó la necesidad de recuperar los niveles de financiamiento y poder adquisitivo existentes hacia fines de 2023.
Por su parte, Greco destacó la importancia de pensar al sistema universitario de manera integral y sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo salarial y la falta de actualización de los gastos de funcionamiento afectan directamente la calidad del trabajo que desarrollan las universidades.
Asimismo, subrayó que la formación universitaria, la investigación y la extensión requieren políticas sostenidas en el tiempo y planteó la necesidad de que la política universitaria sea considerada una política de Estado.
El reclamo por el cumplimiento de la ley
La reunión se desarrolla en un contexto marcado por el reclamo del sistema universitario para que se haga efectiva la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La Justicia convocó este viernes al Gobierno Nacional, a la Universidad de Buenos Aires y al Consejo Interuniversitario Nacional a una audiencia para avanzar en la discusión sobre su aplicación. La instancia tiene lugar luego de que quedara firme una medida cautelar que ordena avanzar con la actualización de los salarios universitarios y las becas estudiantiles.
Desde el sistema universitario también se reclama garantizar los recursos correspondientes a gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, investigación y extensión.
En ese sentido, los rectores reafirmaron la necesidad de preservar los principios que caracterizan al sistema universitario público argentino: la autonomía, el cogobierno, la gratuidad y el libre acceso, junto con un financiamiento que permita garantizar una educación pública de calidad.
