Se desarrolló la jornada “Reutilización social de bienes: para el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil” en la sede de la Librería Universitaria, perteneciente a la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La misma contó con la presencia de Emiliano Cottini, referente de la organización italiana Líbera -Associazioni, nomi e numeri Contro le Mafie; el fiscal general Daniel Adler; el presidente de la Asociación Civil contra la trata Mar del Plata y Lucas Manjón, representante de Líbera en Argentina y coordinador del proyecto “Bien Restituido”.

Con una gran convocatoria, el espacio ubicado en Jujuy 1731 fue epicentro de la conferencia que brindó detalles sobre la experiencia de la organización Líbera, que desde hace casi 30 años enfrenta desde la educación, la memoria y la reutilización social de bienes confiscados, al crimen organizado en Italia. En ese marco, la iniciativa a nivel nacional, que tuvo sus orígenes en 2021, ya tiene ejemplos en la Justicia argentina pero el diagnóstico sobre la problemática no es el mejor ya que la justicia aún no trabaja con ese objetivo y la información se presenta poco clara y desorganizada. En el “mientras tanto”, los bienes pierden su valor durante los procesos judiciales que tardan, en promedio, ocho años.

En relación a esto úlltimo, Lucas Manjón aseguró que “no hay un registro único de estos bienes porque cada juez federal tiene el suyo así como también la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia y están todos cruzados. Lo único que hasta el momento pudimos hacer es una muy buena tasación a través de una consultora económica que colaboró con el proyecto, que indica que se calcula que en siete años se echaron a perder 25 mil millones de pesos por su falta de uso”.

Es cierto que hoy la ley permite la reutilización de algunos inmuebles aunque los casos son los menos. Sin ir más lejos, en Mar del Plata están los ejemplos del ex Hotel City donde funcionaba una secta involucrada en hechos de sometimiento sexual, tortura y violencia. Y del establecimiento que daba lugar al prostíbulo Madahos, por explotación sexual a mujeres. Hoy en día, el primero se destina como lugar para personas en situación de calle mientras que el de la zona de Alem hay un centro cultural y educativo correspondiente a la ONG Asociación Mundo Igualitario.

Una de las maneras de acercar la justicia penal a la sociedad es transparentando y generando mecanismos para que la ciudadanía participe en la determinación del destino que deben tener los bienes recuperados a la criminalidad organizada. Pero para llevar adelante este tipo de políticas es requisito que los representantes de lo público, junto a la mayoría de los ciudadanos de a pie tomen conciencia de que existe una urgente necesidad de enfrentar a la criminalidad organizada y que uno de los mecanismos mundialmente comprobados para lograr un resultado efectivo es la identificación, localización y secuestro de los activos de estas bandas.

En relación a ello, Manjón explicó el trasfondo de la iniciativa: “Nosotros lo que planteamos es que la justicia tiene un tiempo determinado para transferir la administración del bien, que no es transferir el dominio, es transferir la administración del bien para poder controlarlo, fotografiarlo, tasarlo y ver en qué condiciones está. Luego, el bien se publica en una página web de libre acceso, donde se pueden ver las condiciones generales (medidas, ubicación, modelo, entre otras) y que las organizaciones puedan presentar un proyecto para solicitar su uso”, detalló.

A su vez, el representante de Libera en Argentina agregó que “algunos bienes son muy difíciles de poder usarlos por parte de las organizaciones, entonces lo que planteamos es que el Estado lo tiene que poder llevar adelante. Acá estamos hablando de que hay vehículos de alta gama que están tirados en galpones, que generan un gasto porque la policía lo tiene que custodiar y el lugar se tiene que pagar”.

Al igual que en otras partes del mundo, la idea es que todo esto funcione con un sistema de datos abiertos, donde las mismas organizaciones puedan ver cuáles son los proyectos con los que se compiten. “La mejor metodología la logró Italia con la involucración de la sociedad civil que ya reutilizó 16 mil inmuebles que son campos, edificios, departamentos, casas que utilizadas como cooperativas agrarias”.

A lo que agregó: “De hecho, ahora en la presentación estábamos viendo los últimos números, las cooperativas por año generan una ganancia de 7 millones de euros, son campos que emplean a más de 150 personas. Las casas se han transformado en refugio para víctimas de violencia de género, víctimas de trata, algunas organizaciones que trabajan asistiendo a las personas que tienen a los chicos con tratamientos médicos largos y se tienen que trasladar”.

En cuanto al carácter burocrático, el proyecto también contempla un funcionamiento para disminuir los tiempos administrativos. “La idea fundamental que nosotros aprendemos en el proyecto es que la agencia a nivel nacional sea un distribuidor o un administrador general. Lo que generaría esto es que rápidamente trabaje con la Provincia y los municipios. En algunos casos, estos últimos no cuentan con los fondos suficientes, entonces ahí es donde entra también la involucración de la sociedad civil. Yendo más a futuro, la idea es que se puedan crear agencias regionales, porque en algunos casos tenés el lavado de dinero que se produce en zonas muy específicas, entonces hay una alta concentración de bienes y nos parece muy bueno que se puedan gestionar desde el territorio con la particularidad que requiere ese entorno”.