EDICIONES VIRTUALES SEAD - Sistema de Educación Abierta y a Distancia - Universidad Nacional de Mar del Plata - Año 1 Nº 3 -   

Año 1 - Presentación Año 1 - Nº 01
Año 1 - Nº 02
Año 1 - Nº 03
Año 1 - Nº 04
Año 1 - Nº 05
Año 2 - Nº 06
Año 2 - Nº 07
Año 2 - Nº 08
Año 2 - Nº 09
Año 2 - Nº 10
 
Rector
Lic. Francisco Morea
Vicerrector
Ing. Raúl Conde
Secrataría Académica
Lic. Paula Meschini
 

Comité Editorial
Lic. Emilia Garmendia
Mg. Silvia Ana Malvassi

Corrección de estilo
Mg. Cristina Guillén

Moderación del Blog
Lic. Beatriz Banno

Diseño de Comunicación Visual
Comunicación y Diseño
SEAD

 

El derecho a la educación y la educación a distancia

El derecho la educación como construcción histórica, política, social e institucional exhorta a pensar en un escenario atravesado por las consecuencias de la globalización, la progresiva multiculturalidad, la discriminación, las nuevas formas de comunicación, el creciente reconocimiento de los derechos de las minorías, la desigualdad y el crecimiento de la pobreza. Un espacio diversificado y multiforme que requiere consensuar y diseñar estrategias para resolver tensiones que surgen en los caminos hacia la calidad y equidad. Llegamos al 2010 con una fuerte herencia de intenciones no cumplidas o que no han alcanzado los logros esperados. Parecería que los pendientes en la agenda política y educativa del siglo XX mutaron en renovados retos del siglo XXI para generar estrategias y políticas de mayor inclusión y oportunidades educativas. La preocupación por materializar el reconocimiento formal en reconocimiento y ejercicio del derecho a una buena educación en condiciones de igualdad y justicia, se ha visto reflejada en diversos documentos producidos últimamente en cumbres y convenciones nacionales e internacionales.

Entre las estrategias formativas que contribuyen a igualar las condiciones de estudio se reconoce a la educación a distancia como una alternativa potente para lograrlo. Desde hace varias décadas ofrece un camino que hace posible la inclusión social y educativa de ciudadanos que fueron excluidos o no pudieron continuar estudios por distintas situaciones, y de otros que desean estudiar y requieren de esta opción para adecuarla a sus realidades personales, sociales y laborales. A su vez, permite disminuir o borrar diferencias de acceso entre habitantes de grandes ciudades y quienes viven en pequeñas localidades o en zonas rurales.

En el terreno de las políticas públicas, la relación estado y sociedad se encuentra actualmente en su máxima controversia, situándonos en una reflexión moral y política sobre los alcances y límites de la educación, actualizando el debate sobre el principio de igualdad. Éste nos coloca frente a derechos políticos contrapuestos pero de igual fuerza ética: la igualdad y la libertad: el primero refiere a la discusión sobre el acceso al sistema escolar o sin importar el punto de partida. El principio de libertad, interpela el rol interventor del Estado sobre las opciones individuales, culturales, contextuales de las familias y como optimizador de ambientes familiares desiguales.

El derecho a la educación y su relación con la educación a distancia, desde una dimensión jurídica, estaría formalizada para los argentinos en sus normas más generales. La Ley Federal de Educación Nº 24.195/93, incorpora en 1993 la modalidad a distancia refiriéndose a universidades e instituciones del nivel superior, reemplazada por la Ley de Educación Nacional N° 26206/2006, rige actualmente al sistema educativo de todo el país. En ella, el Estado asegura una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales, para una sociedad más justa y democrática, con identidad nacional, atendiendo a las idiosincrasias locales, provinciales y regionales, con respeto a la diversidad, al trabajo, a la dignidad de las personas y a la solidaridad. Define a la Educación a Distancia como una opción pedagógica y didáctica aplicable a distintos niveles y modalidades del sistema educativo nacional, que coadyuva al logro de los objetivos de la política educativa y puede integrarse tanto a la educación formal como a la educación no formal.

La relación estado-sociedad a partir de los 80' y el pensamiento neoliberal, se expresan en políticas y prácticas en educación a distancia que muestran el modo en que paulatinamente las universidades, públicas trasladan costos a los alumnos, entre otras responsabilidades relegadas: provisión de materiales y bibliografía, comunicaciones, servicios locales de tutoría y administrativos. La visión de la educación como servicio, comienza a “permear”, lentamente, prácticas que gradualmente se arancelan. En primera instancia dejan de ser gratuitas las propuestas de extensión y postgrado, luego las de pregrado y por último se abre el interrogante hacia la enseñanza de grado, aparece entonces otra amenaza y una nueva restricción al paradigma de la educación como derecho.

Es sabido que los modos tradicionales de acceso a la educación superior no resultan suficientes pues quedan limitados por espacio, tiempo, situación, o enfoques culturales e institucionales. Las tecnologías actuales, la conectividad, la accesibilidad, así como los desarrollos obtenidos y las investigaciones permiten construir modelos y alternativas en las que es posible aprender en cualquier lado, regular el propio aprendizaje, donde el docente puede investigar y a la vez trabajar con el alumno en una relación de horizontalidad y colaboración. Los anuncios acerca de programas de inclusión digital y conectividad, públicos y gratuitos, llevados adelante en nuestro país y el resto de Latinoamérica con financiamiento de organismos internacionales reflejan esto: plan integral de televisión e internet, plan conectar igualdad, etc. El problema es que las oportunidades educativas continúan siendo distribuidas en forma desigual, cuestionando el sentido mismo del derecho a la educación. Se constata en ese marco una restricción enorme de la anticipación pertinente de propuestas de educación a distancia y virtual que seguramente contribuirían a su concreción.

Pareciera que la contribución social ejercida desde la educación a distancia ante este nuevo escenario se resignifica en otras nuevas posibilidades, que la hacen más potente, exigiéndole el cuidado expreso de los más vulnerables, que en este desafío sean los más mirados, atendidos, respetados en sus derechos.

En ese marco, ¿cuál es el lugar de la educación a distancia y virtual?, ¿es una modalidad remedial que puede aparecer como un instrumento para el alivio de la pobreza, antes que un motor de desarrollo y un derecho ciudadano? ¿Cuál es su aporte desde una visión pedagógica crítica?

¿Cómo pensar y concretar políticas educativas inclusivas? ¿Cómo brindar educación al alcance de todos y a la vez hacer que, por medio de esa educación, mejore en algún sentido la vida de cada uno de los argentinos?

Aportar a la construcción de una educación para todos desde nuestro rol de ciudadanos habitantes de una comunidad, docentes, políticos, integrantes de redes locales o virtuales nacionales o internacionales requiere asumirnos como sujetos críticos, participativos, transformadores y hacedores de nuevos entornos sociales donde los derechos y deberes no sean, solamente, enunciados utópicos.

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